Vivienda inaccesible: el caso Barcelona

La política urbana del centro histórico de Barcelona sigue centrada en la construcción de un paisaje turístico que se cotiza en el mercado internacional. La Barcelona “guapa” que debe su estética a las constantes reformas urbanísticas, es un terreno abonado para los voraces agentes inmobiliarios que después de la crisis del 2009 buscan invertir en vivienda de segunda mano bien localizada.

La vivienda se ha convertido en un lujo inaccesible debido a la desenfrenada competencia entre el uso habitual y el turístico, la permanencia de los pobres y la llegada de los ricos.  La pesadilla de quedarse sin casa de un momento a otro ya es la vivencia común de los habitantes de muchos barrios de la ciudad.

El estallido de la burbuja inmobiliaria del alquiler se configura a partir del 2012, mientras la contestación estaba centrada en la crisis hipotecaria y la dación en pago, sigilosamente se preparaba un nuevo ciclo de expulsiones vecinales asociado a la modificación de la LAU del 2013, que asegura la pérdida total de derechos de los inquilinos y que paradójicamente pasa completamente inadvertida y sin respuesta.

Este escenario nos sitúa frente a una de las peores situaciones vividas en materia de vivienda, a pesar de la ley del derecho a la vivienda del 2007, los efectos reales han sido todo lo contrario. Cada día se multiplican los desalojos en los barrios y los centros históricos y hasta ahora no existen políticas integrales de apoyo al acceso a una vivienda realmente social y aún menos para garantizar la permanencia de los vecinos que están viviendo en las zonas de mayor especulación.

El nuevo ayuntamiento de izquierda no ha hecho nada por cambiar la lógica de las expulsiones de los barrios más afectados, por el contrario ha desmovilizado y fagocitado a las organizaciones sociales. Para justificar su pasividad se escuda en el discurso de que nada se puede hacer en el terreno de la propiedad privada. Implícitamente reconocen que son las fuerzas del mercado inmobiliario las que realmente tienen el poder de gestionar la ciudad y ellos son los comparsas, cómplices necesarios y espectadores pasivos.

Valiéndose de los medios de comunicación formales y alternativos han configurado una estética de la política de la vivienda, un conjunto de “no acciones” que podemos resumir en las siguientes cinco tendencias:

Expulsión vecinal

Se traslada la responsabilidad a los vecinos para que ellos mismos sean los que se enfrenten a los tiburones inmobiliarios, intentando orquestar resistencias para generar un simulacro de acción. Un ejemplo de esta parodia, es cuando la regidora de Ciutat Vella envía Twitters a los movimientos para detener desahucios cómo si ellos no tuvieran criterios o capacidad propia de acción, confunde su papel político y pone en evidencia la pobreza de su política.

Las Oficinas de vivienda del Ayuntamiento se posicionan siempre a favor del propietario y reducen su papel a comunicar  a los vecinos que no tienen nada que hacer frente a la vorágine inmobiliaria, en todo caso si los vecinos no pueden detener el desahucio, apoyan con la mudanza o los envían a un hostal temporalmente.

Medidas antigentrificación

Bajo la rimbombante etiqueta de “medidas antigentrificación” se encuentra la intención de pactar con el nuevo propietario para respetar los contratos de los vecinos que habitan en el momento de la venta. En estos años de nuevo gobierno no se sabe de ningún caso donde se hayan aplicado, lo que está claro es que no están evitando que se expulse a los vecinos. Desde hace años están muy bien documentados los casos de inversores que compran edificios para su rehabilitación integral y buscan expulsar o no renovar el contrato de alquiler de los vecinos que allí habitan, las llamadas cucarachas, para después ofertar pisos de lujo, pisos turísticos o simplemente mantenerlos vacíos al servicio de la especulación, a la espera de su revalorización.

La medida es inocente y poco efectiva ya que se pretende pactar con un especulador para que no realice su inversión basándose en su buena voluntad. Además, los propios planes del Ayuntamiento, también han generado focos de súper especulación marcando polígonos de actuación urbanística en el entorno de edificios emblemáticos de interés turístico, por ejemplo en el entorno del Palau Gûell i l’Arc del Teatre del Raval. Proyectos que venían de antes, pero que han sido reimpulsados por este nuevo ayuntamiento y que han producido violentos casos de acoso inmobiliario que el Ayuntamiento ha aprovechado para salir en la foto y ponerse la medalla, cuando la institución ha actuado en el último momento intentando apagar el fuego que ellos mismos han provocado.

El Programa de Alquiler Social

El súper publicitado programa de alquiler social ha cambiado su página web tres veces y aparece en carteles por todas partes a pesar de los pocos pisos con los que cuenta. Pretende ser la vía más rápida de acceso para los solicitantes de vivienda pero tiene la peculiaridad de que la vivienda de esta bolsa es privada.

En Ciutat Vella se ofertan pisos a un valor supuestamente social, que oscila entre los 550 y 650 euros mensuales, a costa de cuantiosas inversiones públicas a la rehabilitación que benefician directamente al propietario privado. El propietario a cambio mantiene el alquiler mínimamente por debajo del precio de mercado durante 5 años y al final de ese período puede alquilar al precio que le plazca. Obviamente, en 5 años no se puede amortizar la inversión realizada por el Ayuntamiento por lo que se está entregando dinero público a propietarios privados, dinero que a corto plazo les permitirá incorporar su propiedad revalorizada al mercado de vivienda.

La reforma del parque de vivienda privada para ser destinada al alquiler social es una política  muy controvertida por la inversión que supone y la fragilidad de sus beneficios Para incentivar a los propietarios a incluir sus pisos vacíos en la bolsa de alquiler social, el Ayuntamiento ofrece subvenciones a la rehabilitación… Las subvenciones pueden destinar hasta 15.000 euros por vivienda reformada, más 6000 euros para cubrir adeudos y 1.500 euros sólo por incorporarla a la bolsa[1], además de la condonación del 50% del IBI. Esto significa un negocio para el propietario y grandes cantidades de dinero público para rehabilitar la propiedad privada sin que ello sirva para solucionar el problema de la demanda de vivienda.

Las condiciones para acceder a este programa son inversas a  lo que cabría suponer como condiciones para un programa “social”, debido a que no se puede participar si no se justifican unos ingresos mínimos que oscilan entre los 1500-1800 euros mensuales, una contradicción si pensamos en la gran precariedad laboral de la mayoría de las familias solicitantes que van a las oficinas de vivienda porque no pueden acceder directamente al mercado. Cifra que las oficinas de vivienda justifican con argumentos absurdos partiendo de la base de que una unidad familiar no puede destinar más del 30% de su salario en vivienda, cuando en realidad se destina más del 60%.

Construcción de vivienda social

Desde el Plan de Reforma Interior de Ciutat Vella de los 80’s, la construcción de vivienda de protección social para venta se convirtió en un gran negocio rentable para los constructores privados y las cooperativas que se han especializado en la construcción de vivienda protegida, ya que el valor por metro cuadrado en el centro histórico casi se equipara al precio de libre mercado. Además, las cooperativas pueden optar a subvenciones y el Ayuntamiento les cede el suelo y pese a ello la vivienda sigue siendo inasequible para los que más lo necesitan, incluso se utilizan nuevas formulas como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso por 75 años, con precios equivalentes a los de venta o que suponen fuertes inversiones a los promotores. En general esta vivienda “social” ha terminado en manos de aquellos que podían pagarlas: las clases medias. La inercia  en la política de la construcción de vivienda social sigue transfiriendo dinero público a entidades cooperativas o privadas que a su vez siguen alimentando la gentrificación ya que los filtros para poder acceder a la vivienda a través del padrón único están configurados de tal manera que funcionan a la inversa de lo que debería ser la vivienda social. Van destinados a aquellos que puedan justificar unos ingresos mayores por unidad familiar, o tener capacidad económica para comprar su uso por 75 años, como los pisos ofertados en el entorno de la Boqueria y su nueva plaza.

Desalojos

Finalmente, resulta paradójico que contrariamente al discurso mediático elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona para construir una marca social, teniendo en cuenta que algunos de sus técnicos hubieron participado en los movimientos sociales, recientemente el mismo Ayuntamiento haya desalojado con violencia espacios ocupados que justamente eran iniciativas juveniles que intentaban revertir la falta de vivienda para jóvenes y la degradación de edificios públicos abandonados. Estas iniciativas fueron aniquiladas por no estar alineadas con el nuevo ayuntamiento, a la vieja usanza…. También se procede a desalojar a los sin techo que duermen regularmente frente al Parque de la Ciudadela, a la una de la madrugada, aduciendo una operación de limpieza. O se desaloja a los Sin Techo acampados en la Plaza de Catalunya para celebrar un Sant Jordi como Dios manda.

[1] Página web del Consorci de l’Habitatge de Barcelona para subvenciones e incentivos a la propiedad http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/es/borsa-habitatge.html#info

Corcó